El regreso del transporte venezolano a frontera con Cúcuta

Tras la renovación de los permisos requeridos por el Área Metropolitana de Cúcuta, AMC, para el segundo semestre de 2024, 17 unidades de transporte público venezolano pertenecientes a tres empresas han vuelto a operar en la ruta transfronteriza.

La empresa Expresos Bolivarianos, con 12 unidades activas, lidera la circulación en la ruta San Cristóbal-Cúcuta y viceversa. Le siguen Frontera, con cuatro unidades que cubren la vía La Fría-Cúcuta, y La Moderna, que presta servicio con una única buseta en el eje Rubio-Cúcuta.

Uno de los principales obstáculos que enfrentan las empresas venezolanas para operar en territorio colombiano es la antigüedad de sus vehículos, muchos de los cuales superan el límite permitido de 24 años establecido por la normativa colombiana.

Este factor ha reducido significativamente la cantidad de unidades que pueden prestar el servicio, limitando la capacidad de transporte entre los dos países. Además, los costos asociados con la renovación de permisos y la obtención del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), así como la revisión técnico-mecánica, representan una carga financiera considerable para las empresas.

Las empresas como Expresos Bolivarianos han tenido que invertir grandes sumas de dinero solo para cumplir con las dos renovaciones anuales del certificado de circulación exigido por el AMC. Un miembro de esta empresa reveló que el costo de estas renovaciones asciende a unos 7 millones de pesos, a lo que se suman 2 millones más por el Soat y la revisión técnico-mecánica.

Estos costos, junto con las dificultades para mantener una flota de vehículos que cumpla con las normativas colombianas, han limitado la capacidad de las empresas para operar de manera eficiente y rentable.

Además de los autobuses, los vehículos de cinco puestos también juegan un papel crucial en el transporte transfronterizo. La empresa Colven, que opera este tipo de vehículos, está a la espera de completar la revisión técnico-mecánica tras haber pagado la renovación de sus permisos.

La situación refleja la lucha constante de las empresas venezolanas por cumplir con los requisitos legales y continuar ofreciendo un servicio esencial para los pasajeros que dependen del transporte público entre Venezuela y Colombia.

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