Defensoría emitió alerta en Casanare por disputas entre grupos armados
Según la entidad, hay tres escenarios de riesgo, que se concentran en el proceso de consolidación del control armado ilegal ejercido por tres grupos: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las facciones disidentes de las Farc, particularmente de sus frentes 28 y 10 del Estado Mayor (EMC).
La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana para las poblaciones de Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva y sus zonas rurales (sur de Casanare) debido al riesgo que corren las comunidades por cuenta de la disputa territorial entre grupos armados ilegales.
Según la entidad, hay tres escenarios de riesgo, que se concentran en el proceso de consolidación del control armado ilegal ejercido por tres grupos: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las facciones disidentes de las Farc, particularmente de sus frentes 28 y 10 del Estado Mayor (EMC).
En ese sentido, advierten que el Clan del Golfo, en su proceso de expansión, viene posesionándose estratégicamente de manera violenta e incluso ha eliminado y replegado pequeñas estructuras de las antiguas estructuras paramilitares que mantenían el control local.
Esto, dice esa institución, le ha permitido alcanzar supremacía ante los oponentes y enemigos para hacerse al control y articulación del sur de ese departamento, aceptación de las comunidades rurales y urbanas e ingresos derivados de la dinámica económica del territorio.
Así mismo, advierte la alerta temprana, los grupos armados han incursionado en sectores de pobreza extrema y exclusión social para demostrar poder, capacidad de acción y control, lo cual ha generado temor, intimidación y sometimiento de la población. Igualmente, han reclutado jóvenes de sectores frágiles y vulnerables, bajo el engaño de darles oportunidades.
Para la Defensoría del Pueblo, las comunidades más afectadas por esta situación son organizaciones comunitarias y campesinas, víctimas del conflicto armado, niñas, niños y jóvenes, firmantes de paz, mujeres, servidores públicos de las localidades en mención, agricultores, ganaderos, reclamantes de tierras, población socialmente estigmatizada, sindicalistas, comerciantes, transportadores, docentes y estudiantes.
Ante esto, advirtieron que estas personas podrían ser blanco de distintas formas de violencia y estar en riesgo de desplazamiento forzado, reclutamiento forzado, utilización y uso de niñas, niños y adolescentes, violencia sexual, secuestros, homicidios selectivos y múltiples desapariciones forzadas y hostigamiento y ataques armados con efectos indiscriminados, destrucción de bienes civiles, atentados con artefactos explosivos, entre otras situaciones de riesgo.
elcolombiano.com
