Defensoría del pueblo: Más del 70% de los municipios del país están en riesgo por presencia de grupos armados ilegales
Con alertas tempranas en todos los departamentos del país, la Defensoría asegura que la situación es preocupante.
Pese a los esfuerzos de muchas organizaciones por mantener la paz en el país, la situación parece desmejorar constantemente mientras los grupos armados se fortalecen y las amenazas se incrementan a lo largo del territorio nacional.
El más reciente informe de la Defensoría del Pueblo señala una crisis de violaciones a los Derechos Humanos, en donde más del 70% de los municipios del país registran alertas tempranas por violencia de los grupos armados.
La defensora Iris Marín señaló que de los 1.104 municipios del país, en 790 hay presencia de los grupos armados, situación que ha venido en aumento pese a la disminución de estas cifras tras la firma del acuerdo de paz en 2016.
Uno de los principales factores de esta expansión es el microtráfico y el control de nuevos territorios, tanto de cultivo como de plazas de vicio. Sumado a esto, las diferencias internas en los grupos han causado una fragmentación de estos y una atomización de su influencia en diferentes partes del país.
La disputa por los territorios deja a la población civil en el medio, generando víctimas directas e incrementando el reclutamiento, situación aún más preocupante, especialmente si se tiene en cuenta el aumento en las cifras de reclutamiento de menores.
Según el informe de la Defensoría, “en los 32 departamentos del país hay alertas tempranas emitidas, pero hay unos de especial cuidado donde confluyen dos o más actores armados como Arauca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo y en subregiones como Catatumbo, Sur de Bolívar y Bajo Cauca Antioqueño”.
Aunque resaltó que, si bien en algunos departamentos solo haya presencia de un grupo armado, las vulneraciones a los derechos humanos no dejan de ser menos preocupantes, pues se evidencia la toma completa del control social por parte del actor armado en ciertos municipios como restricciones a la movilidad, imposición de normas específicas, cercos humanitarios y cobros de vacunas, lo que mantiene a la población a riesgos constantes y minimiza la capacidad de acción de la fuerza pública.
“La situación es crítica, incluso hay departamentos con más de dos alertas tempranas por estos hechos”, dijo la defensora Iris Marín. Lo preocupante del informe es la repercusión que tiene entre la población civil.
Solo en este año cerca de 40.000 personas han sido víctimas del desplazamiento forzado, aunque hay una disminución significativa si se compara con la cifra del 2023, donde se registraron cerca de 120.000 personas desplazadas.
La situación ha venido en aumento desde el 2017, pues de ese año en adelante se han emitido 325 alertas tempranas relacionadas a la violencia por los GAO, con la particularidad de que 205 de estas representan riesgos para las mujeres, pues si bien son alertas vinculadas con el conflicto, se enmarcan también como violencia basada en género.
Solo en el 2024, 745 feminicidios se han registrado en lo que va del año, entre los que hay casos de 11 mujeres trans y 44 menores de edad. “En Colombia, el conflicto armado sigue siendo un desafío crítico en derechos humanos, especialmente para las mujeres”.
La Defensoría junto con otras organizaciones se está encargando de realizar un mapeo para entender cómo se está transformando el control territorial de estos grupos y registrar el accionar de los mismos, sin embargo, la gran cantidad de grupos o la presencia temporal de estos en los territorios dificulta el registro.
